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La sede de tan magno evento que el día de hoy ocupa las ocho columnas de los principales medios impresos de circulación estatal y regional, fue el Museo del Transporte, lugar que estuvo abarrotado de connotados miembros de la clase política veracruzana y de uno que otro ciudadano que fue «invitado» a vitorear y a aplaudir la firma de tan histórico acuerdo llevado a cabo entre los gobiernos estatal y municipales con las diversas instituciones religiosas y los diferentes institutos políticos.

El evento salió a pedir de boca, con la presencia de todos los actores convocados y el lucidor discurso del gobernador, al menos en teoría, no se podrá decir que el gobierno fidelista no apoya la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada emprendida por la Federación.

Basta ahora ver los resultados de este acuerdo, pues la ciudadanía quiere precisamente eso: RESULTADOS. Con discursos y convenios, por muy duros que en apariencia sean, no se combate a la delincuencia organizada.

En Veracruz se necesitan hechos, no palabras y, desgraciadamente, los hechos y acontecimientos que han tenido lugar en estas tierras, demuestran la ligereza de las palabras contenidas en los discursos.

Los diversos sectores productivos representados en las cámaras de empresarios, comercio y de la construcción, al igual que la sociedad y el pueblo en general, están asustados por los constantes secuestros, levantones y extorsiones que impunemente se comenten a lo largo y ancho del territorio veracruzano. La cifra es realmente alarmante.

No por nada, los partidos de oposición al PRI que signaron el Pacto Veracruz Diez, exigieron a las autoridades estatales que este no quede nada más en el papel, es decir, que no sea una falacia como el famoso Decálogo Fidelista de los Servidores Públicos, que únicamente sirve para vestir las oficinas de los funcionarios que lo colocaron en sus paredes.

El PRD, por ejemplo, se comprometió a blindar su partido en contra de los narcocandidatos, puesto que ya es por todos conocido que el hampa y la delincuencia organizada no sólo está infiltrada en la política, sino que además se da el lujo de decidir candidaturas «ad hoc» a sus intereses.

Si no pueden que renuncien, es el clamor de todos los sectores. Vaya pues, hasta el prudente arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, quién normalmente evita hablar de temas de Estado, esta vez rompió el silencio para decir que los feligreses católicos veracruzanos están sumamente asustados de la impunidad con la que operan los miembros de la delincuencia organizada y a pesar de la secresia que se debe guardar en torno al secreto de confesión, dijo lo siguiente: «en las confesiones relatan haber sido víctimas directas o indirectas de levantones».

El reclamo del Pueblo Veracruzano hoy se resume en una sola palabra: Justicia. Justicia para un pueblo que reclama a sus gobernantes cumplir y hacer cumplir las leyes para que retorne a Veracruz la paz y la tranquilidad que hace algunos años aquí se respiraba. ¿Acaso las palabras pronunciadas en la toma de protesta nada más forman parte de un pomposo acto protocolario y nada más?

Hay una realidad irrefutable, hoy el Pueblo Veracruzano demanda como es su legítimo derecho, que se acabe la impunidad y la corrupción para que retorne el Estado de Derecho a Veracruz. Si no pueden… Qué renuncien.

Esperemos pues, que en la práctica se hagan efectivas las palabras contenidas en el discurso del gobernador para que la «paguen» aquellos que hoy impunemente han hecho de Veracruz su casa y guarida.

PS: Ahora resulta que las autoridades judiciales, se suman a las de Seguridad Pública y aseguran juran y perjuran que no hay ningún policía veracruzano desaparecido (levantado) en la capital del estado y si, tienen razón, pues ya aparecieron, golpeados y torturados pero aparecieron. No vendría nada mal que los funcionarios y autoridades aprovechando que la Iglesia Católica promoverá en sus templos los valores de la vida y la seguridad, acudieran al llamado para ver si se les pega algo.

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