A casi cuatro años del artero crimen en contra de Raúl Gibb Guerrero, Director General del periódico “La Opinión de Poza Rica”, ocurrido el 8 de abril del 2005, la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas ve con profunda preocupación la impunidad en que este caso se encuentra y exige a la Procuraduría General de la República resultados.

El Director General de la Comisión, Gerardo Perdomo Cueto, ha venido solicitando en reiteradas ocasiones a la Procuraduría General de la República que informe los resultados de las averiguaciones ministeriales que atrajo en su momento.

Así, el 7 de agosto del 2007, se pidió información al Delegado de la PGR en Veracruz, Lic. Jaime Rodríguez Aguilar, sobre el avance de la investigación del homicidio de Gibb Guerrero.

Este Funcionario respondió que estaba impedido por la secrecia de la averiguación a dar informes y que nos dirigiéramos a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Atención a Victimas y Servicios a la Comunidad de la PGR.

El 28 de agosto del 2007, se pidió la colaboración al Mtro. Juan de Dios Castro Lozano, Subprocurador de ésa área, para el mismo fin. Seis meses después, el 6 de febrero del 2008, se recibió la respuesta de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR, que preside el Dr. Octavio Alberto Orellano Wiarco. Éste Funcionario comunica que la indagatoria se encuentra “integrándose”, por el Ministerio Público de la Federación en Poza Rica, Veracruz, “encargado de conocer delitos contra periodistas”.

Un año después, 6 de febrero del 2009, no hay resultados y es inexplicable que la Fiscalía Federal nos regrese al Ministerio Público Federal que inicio, hace casi 4 años, la Averiguación e Indagatoria correspondiente, afirmó Gerardo Perdomo Cueto, Director General del Organismo.

En una situación similar se encuentra la Investigación Ministerial por el homicidio del periodista Roberto García García, quien para sus artículos de prensa utilizaba el seudónimo de “Roberto Marcos García”. La Procuraduría General de la República en este caso, ejerció su facultad de atracción el 30 de marzo del 2007, específicamente la Subprocuraduria de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Este expediente se remitió al Lic. Raúl Hernández Cruz, Ministerio Público Federal de la SIEDO. A la fecha se desconocen los resultados de esta investigación.

Por tal motivo, la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas en esta Entidad Federativa, exige públicamente a la Procuraduría General de la República determine, resuelva e informe sobre las averiguaciones en comento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, define el concepto “impunidad”, como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Es obvio que un derecho fundamental protegido es el de la vida, en este caso de periodistas veracruzanos.

Perdomo Cueto enfatizó, que es compromiso del Gobierno del Estado de Veracruz, la defensa de los derechos e intereses de los periodistas, así como de consolidar las condiciones de seguridad y la vigencia del Estado de Derecho. Denegada Justicia es Impunidad, expresó.

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