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Recientemente nos dimos cuenta a través de los medios de comunicación del enconado trato que han dado los regidores del ayuntamiento de Minatitlán, en contra de algunos empleados de confianza de la alcaldesa con licenciada Lupita Porra David, en especial contra el Director de Recursos Humanos Adrián López Alvarado, a quien en flagrante abuso de autoridad sacaron a empellones del palacio municipal, todo para querer hacer valer un acuerdo de cabildo en que ellos creen que está sobre la legislación actual.

Los ediles saben que tienen grandes irregularidades y abusos en su labor como autoridades, entre ellas el sostener aviadores y familiares en la nómina del municipio, tal y como sucede con Martín Iturralde del PRD, quien solapa al Director del Registro Civil (propuesta de él por supuesto), quien recientemente fue acusado ante el alcalde por la señora Paulina Francisco Torres de haberla extorsionado con dos mil pesos.

Ana Ribón, también del PRD, tiene en nómina a su hermana y a su cuñado, de igual forma su marido descaradamente ocupa vehículos oficiales y combustibles para hacer proselitismo a favor de su partido. Asimismo, Ernesto Barrios, del PRI, el famoso edil de modales finos, tiene a su secretario particular que cobra en una plaza de la SEV y en ayuntamiento.

Isaac Sosa Bello de Convergencia, tiene trabajando a su sobrino y a su ahijado en las nóminas municipales. Omar Chiñas, del PRD tiene 3 personas suyas que prácticamente son aviadores, pues solo se presentan una o dos horas a laborar

Todos los ediles antes citados, al parecer son marionetas de Ricardo Orozco Alor, quien desde el inicio de la actual administración municipal ha hecho hasta lo imposible por obstaculizar los trabajos de Lupita Porras, en cumplimiento de su jefe, el político amargado Flavino Ríos Alvarado, quien trata de desquitarse con lo que puede a quienes no le dejaron seguir viviendo en estos 4 años de la política.

Sin embargo, todos los ediles están tan absortos en sus tonterías, que han soslayado algunos pequeños detalles: el abuso de autoridad, tal y como lo configuraron ellos mismos al sacar del edificio municipal a Adrián López Alvarado, es un delito que no alcanza fianza, y que todos ellos han quedado en las manos del empleado de confianza que podrá hacer valer cuando él considere pertinente, su derecho de denunciarlos penalmente. Entonces, las cosas cambiarán. Al tiempo.

Es todo para información y quejas a…delfinohj@hotmail.com