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Por Si Estaban Con El Pendiente
Quetzalli Carolina Vázquez

Si dentro de un penal el poder real no lo ejerce la autoridad, sino personas privadas de la libertad, y el dinero define el acceso a derechos básicos, el problema es grave pues evidencia la incapacidad del Estado para controlar una de las áreas más sensibles de su responsabilidad.

Eso es lo que, de acuerdo con denuncias reiteradas de familiares de Personas Privadas de la Libertad, estaría ocurriendo al interior del Centro de Reinserción Social de La Toma, en el municipio de Amatlán; un penal donde, presuntamente, el control efectivo no lo ejerce la autoridad penitenciaria, sino internos que habrían construido una estructura paralela de poder ante la omisión —o tolerancia— del propio director y del gobierno.

Los señalamientos públicos apuntan a un interno identificado como Jairo Dzib, procesado por el delito de secuestro, quien junto con Perla de Jesús, también privada de la libertad, presuntamente ejercen un control dentro del penal como una red organizada que, según los testimonios, decide accesos, administra espacios y condiciona servicios que legalmente corresponden al Estado.

Familiares e internos refieren que este control abarca zonas clave como el área de las llamadas 72 horas, donde, por medio de dinero se decide quién permanece y por cuánto tiempo.

También se señalan espacios donde se practicarían cobros indebidos, renta ilegal de teléfonos celulares, pagos por protección, acceso a áreas con mejores condiciones, ventas de productos lícitos y otras prácticas que, evidenciarían un esquema de extorsión sistemática.

Se señala además que tanto Jairo como Perla y el grupo que los respalda, tienen el control de la panadería y la cocina del penal y utilizan insumos públicos que deberían destinarse a toda la población penitenciaria, para presionar a los propios internos pues se les racional los alimentos y hasta se les venden.

A lo anterior se suma que, a decir de los denunciantes, los personajes en mención son también los responsables del manejo irregular de tiendas internas, venta de alimentos y cigarros, cobros por visitas conyugales y otros servicios que habrían sido convertidos en un negocio interno al margen de la normatividad.

Internos han señalado que Jairo se ostenta como “el comandante del penal”, respaldado por un grupo de reclusos plenamente identificados y que la situación es tan evidente que, si se realizara una votación, más de mil internos confirmarían que el verdadero poder no lo tiene la autoridad, sino este recluso.

Los privilegios que se señalan tiene el recluso que controla el penal, refuerzan la percepción de un autogobierno pues se dice cuenta con acceso a teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, pantallas, aire acondicionado y libertades incompatibles con un centro de reclusión que, se supone es de alta seguridad.

Uno de los señalamientos más delicados es que, presuntamente, este interno entra y sale del área de dirección con total libertad, coordinando actividades, decisiones y eventos internos como si fuera parte de la estructura de mando, mientras los custodios y autoridades oficiales permanecen al margen.

Que ocurra esto en un penal no solo refleja corrupción, sino un abandono absoluto de las funciones básicas del Estado y forma parte de una crisis estructural del sistema penitenciario en Veracruz.

El año pasado, un motín en el penal de Tuxpan dejó personas muertas y volvió a evidenciar la fragilidad del control institucional; la respuesta oficial fue escueta pese a la gravedad de los hechos, que incluyeron el uso de explosivos lanzados con drones dentro de un penal, un hecho sin precedentes que nunca fue explicado a fondo.

Desde el inicio de la actual administración estatal, los hechos en los penales han sido constantes, pero la información oficial ha sido mínima, no hay reportes claros, no hay rendición de cuentas y no hay explicaciones públicas suficientes sobre lo que ocurre tras los muros.

En octubre del año pasado, la gobernadora se comprometió públicamente a llevar al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, a una conferencia para responder preguntas directas de la prensa sobre la situación de seguridad, incluidos los penales; han pasado cuatro meses y ese ejercicio no ha ocurrido, el compromiso quedó en el aire mientras los señalamientos y los hechos aumentan.

Hoy, familiares de las personas privadas de la libertad piden la intervención directa de la gobernadora Rocío Nahle, del secretario de Seguridad Pública, Arturo Reyes Garces y de ser posible hasta de la presidenta Claudia Sheinbaum pues aseguran que los internos corren un riesgo grave y advierten que la omisión puede derivar en un motín, en más violencia o en muertes que hoy todavía pueden evitarse.

¿Qué está pasando en los penales? Es la pregunta obligada, pero la más incómoda es otra: ¿quién está permitiendo que esto continúe?

Un penal donde un secuestrador dicta órdenes, reparte castigos, controla el dinero y decide sobre la vida de otros internos es la evidencia más cruda de un Estado rebasado, donde la ley se negocia y la justicia se vende al mejor postor.

Si el gobierno no recupera el control de sus cárceles, ¿con qué autoridad puede hablar de seguridad, justicia y Estado de Derecho?

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