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Xalapa, Ver., 10 de febrero de 2026.- En el Partido del Trabajo (PT) valoramos que la compañera gobernadora Rocío Nahle García haya anunciado el próximo inicio del sistema de transporte público Olmeca en la ciudad de Xalapa, acompañado de un proceso de consulta ciudadana para la definición de sus tarifas. Este ejercicio de participación fortalece la legitimidad social de una decisión pública que impacta directamente en la movilidad urbana. Consideramos pertinente que la modernización del transporte avance con responsabilidad institucional y sensibilidad social, asegurando orden en la prestación del servicio. La consulta anunciada abre la posibilidad de construir un modelo de transporte más digno, eficiente y con respaldo ciudadano en la capital del Estado.

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En otro contexto; la coordinación que se está dando entre la Fiscalía General del Estado a cargo de la Maestra Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre y la Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside la Maestra Minerva Regina Pérez López, representa una gran oportunidad para que estas dos instancias coadyuven en el fortalecimiento y respeto a los derechos humanos, toda vez que, es del dominio público que la anterior fiscal, se negó a mantener una colaboración con la institución encargada de velar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos veracruzanos, por lo tanto, en esta nueva etapa de colaboración, deseamos se dé seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos.

Cabe mencionar que, en el Partido del Trabajo reconocemos como un paso necesario y oportuno el avance que ha iniciado el gobierno del Estado en la revisión y transformación del esquema de trabajadores denominados meritorios en el Registro Público de la Propiedad; una práctica que durante décadas operó sin certeza jurídica, bajo condiciones de precariedad laboral y con mecanismos administrativos opacos. La información dada a conocer por la Secretaría de Gobierno confirma la dimensión de un modelo que requiere corrección de fondo. Es pertinente destacar que, por instrucción de la gobernadora Rocío Nahle García, se esté transitando hacia un esquema legal, transparente y con justicia laboral que permita regularizar al personal, ordenar los procesos y fortalecer el funcionamiento institucional del Registro Público. Se trata de un paso importante para ordenar el servicio público y garantizar certeza a la ciudadanía.

Con respecto a los tiraderos de basura a cielo abierto; vemos con preocupación un problema que afecta a la población y al medio ambiente en todo el Estado de Veracruz, es por ello que proponemos crear una comisión interinstitucional entre el gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales para atender de fondo el problema, resolver esta grave situación y no afectar a las futuras generaciones. El PT le apuesta a las energías limpias para que todos podamos vivir en mejores condiciones ambientales. Exhortamos a la sociedad y gobierno para encontrar soluciones y atacar las causas de la problemática ambiental porque el pueblo veracruzano será el gran beneficiado y habrá de reconocerlo como políticas públicas a su favor.

Asimismo, respaldamos la ampliación del Programa de Vivienda para el Bienestar en el Estado de Veracruz; una acción del Gobierno de México orientada a garantizar el acceso a una vivienda digna y accesible para las y los trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos. De acuerdo con el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, el programa incorpora ocho nuevos municipios: Cosoleacaque, Mariano Escobedo, Misantla, Perote, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tuxpan y Soconusco. Con ello, la entidad suma 21 proyectos que representan más de 40 mil viviendas, dentro de una meta estatal que se amplió de 31 mil a 60 mil casas. En la zona conurbada Veracruz–Boca del Río ya se construyen cinco desarrollos habitacionales, con entregas programadas entre 2026 y 2028 y un costo aproximado de 600 mil pesos por vivienda, lo que permitirá a más familias trabajadoras acceder a un patrimonio propio. Para el Partido del Trabajo esta estrategia fortalece la justicia social, impulsa la economía local y mejora la calidad de vida de miles de familias.

Por último, hace unos días, transportistas de la región de las Altas Montañas anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las empresas constructoras Firmex, Dicsa y Delfín, responsables de la rehabilitación de la carretera federal 123 Orizaba–Zongolica, por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra y el uso de materiales de baja calidad que habrían provocado un incremento significativo de accidentes viales, toda vez que, a decir de especialistas en el ramo, la rehabilitación de este tramo carece del sellado y, a escasos meses de su rehabilitación, ya presenta fracturas y baches. Tras la intervención en esta vía federal, se han registrado percances de manera constante. Indicaron que la denuncia procede ante la autoridad federal al tratarse de una obra financiada con recursos federales, detallando que los puntos de mayor riesgo se localizan entre la comunidad de Los Naranjos, hasta antes de llegar a la cabecera del municipio de San Andrés Tenejapan, donde en los últimos días se han contabilizado más de 20 accidentes, entre choques, salidas de camino y personas lesionadas.