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Rafael Marín Marín|Contundente es la definición de ONU https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/desaparicion-forzada/ respecto a la desaparición forzada en sus dos sentidos; “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean 1) obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, 2) el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”
Es decir, la produce el Estado o, con aquiescencia (aceptación) del mismo. Al final se trata en la mayoría de los casos de asesinatos de personas, con o sin violencia o bestialidad (tortura o descuartizamiento, incineración o disolución inmediata con químicos). En 2017 –muy tarde irresponsablemente por el legislativo mexicano- se crea la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del “Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, con el objeto central de establecer coordinación entre las autoridades para buscar a Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, incluido el Estado, ley que por cierto de los 2624 municipios mexicanos y 32 estados, pocas autoridades conocen, que habla de su desinteres, ruindad y omisión administrativa y política. Zom Politikon. Véase Diálogos de Platón) e. Aguilar.
La Comisión Nacional de Búsqueda que al igual que su Consejo Ciudadano, pocos conocen, https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/consejo-nacional-ciudadano/ que ve al acompañamiento internacional como un pilar de objetivo -solo se recuerda visto en Caso Ayotzinapa sin resolver-, con un buscador de personas desaparecidas y reportadas como tales. Nos dice increíblemente que, de 31 de diciembre de 1952 a 15 de marzo de 2025, se han reportado 351 970 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas” con el siguiente status; (227 725 personas localizadas, 64.70%; 124 245 personas desaparecidas y no localizadas, 35.30%; 17 767 personas localizadas sin vida, 7.80%; 209 958 personas localizadas con vida, 92.20%; 114 000 personas desaparecidas, 91.75%; 10 245 personas no localizadas,8.25%. Aunque se habla por especialistas y grupos de buscadores de un subregistro.
Dichas cifras nos dejan ver que casi 17 767 personas fueron localizadas (encontradas) sin vida, que regresaron con los suyos, pero muertos. Y que aún hay 124 245 personas desaparecidas y no localizadas, que nadie sabe dónde están, si vivas o muertas. Sin embargo, la fuente oficial no nos dice, cuantas carpetas de investigación hay en total de todo, vivos, muertos y desaparecidos, cuantos procesos penales, causas de la desaparición o aparición, etc, interrogantes que la propia ley general no prevé, a pesar que todos los estados del país tienen una Comisión de par. El mapa interno de desaparecidos no te dice nada y de plano su información es obsoleta.
Las hoy conocidas como fosas clandestinas y los llamados hoy en México -vox populi- Campos de exterminio o desaparición forzada, han generado desesperanza, tristeza, impotencia, corrupción, impunidad y por supuesto muerte. Pero, además, una serie de dimes y diretes en todos los niveles de gobierno, evadiendo responsabilidad, que lejos están de privilegiar, el orden constitucional en materia penal; perseguir el delito, castigar al culpable, proteger al inocente y reparar el daño en la medida de lo posible. La ley es muy clara en un Estado de Derecho y en una que se identifica como República; Quien sirve, juro respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan, no ser omiso y tirarse la bolita, ante la vista de familias enteras que esperan justicia, dar con los suyos, y que cada quien asuma su responsabilidad constitucional. Dejemos de construir o destruir nuestra historia con irresponsabilidad republicana.


El autor es Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho.