Xalapa, Ver., 17 de marzo de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) manifiesta su respaldo al Plan «B» de reforma constitucional impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, toda vez que, la iniciativa busca fortalecer la democracia mediante la austeridad republicana y una mejor distribución de los recursos públicos. El PT respalda plenamente a la presidenta en el contexto que se reconoce como complejo para el país: “México enfrenta adversarios internos, pero también amenazas externas. Por ello, el Partido del Trabajo tiene el compromiso de apoyar de manera total y plena a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”. La propuesta se aprueba a fin de no afectar los avances democráticos alcanzados en décadas recientes.
En el ámbito estatal; el PT le apuesta y trabaja para que a Veracruz le vaya bien, por ello, sociedad y gobierno deben caminar de la mano a efecto de lograr una mejor calidad de vida para las futuras generaciones. En ese sentido, exhortamos al gabinete estatal y a los representantes federales a trabajar de manera coordinada a favor de los veracruzanos; hoy debemos apretar el paso para lograr la transformación de la población veracruzana. Requerimos que todos y todas trabajemos hombro con hombro con el gobierno del Estado a fin de respaldar las acciones que beneficien al pueblo veracruzano.
Cabe mencionar que, el servicio público debe conducirse con orden, legalidad y respeto pleno hacia quienes acuden a las dependencias gubernamentales. Las denuncias presentadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación contra personas que lucraban con la gestoría irregular en trámites administrativos evidencian una práctica que durante años distorsionó la relación entre gobierno y población. El llamado “coyotaje” convierte en negocio lo que debe ser un derecho accesible para todos. Reconocer el problema y llevarlo ante la autoridad competente es un paso necesario para restablecer la confianza en las oficinas públicas. No obstante, combatir estas conductas requiere vigilancia permanente y controles administrativos firmes. Los servicios del Estado no pueden quedar sujetos a intermediarios ni a prácticas abusivas. Ordenar estos procesos es fortalecer la credibilidad institucional y garantizar trámites claros y sin privilegios.
Asimismo, sostenemos que la seguridad pública debe sustentarse en corporaciones profesionales, capacitadas y plenamente certificadas. El señalamiento realizado por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, sobre el rezago que enfrentan diversos municipios en la integración y evaluación de sus policías municipales pone en evidencia un desafío que requiere atención inmediata. La protección de la población no puede descansar en estructuras incompletas ni en elementos que carecen de los controles de confianza que exige la ley. Corresponde a los ayuntamientos asumir su responsabilidad en la organización de sus cuerpos de seguridad, pero también al Estado acompañar y fortalecer estos procesos. Municipios que operan con policías desarmados o con recursos limitados reflejan una fragilidad que debe corregirse con prontitud. Consolidar instituciones de seguridad sólidas exige coordinación, disciplina administrativa y compromiso con la tranquilidad de la población.
Por último, el Partido del Trabajo considera que el desarrollo económico de Veracruz debe traducirse en oportunidades laborales dignas y en condiciones que permitan a miles de trabajadores incorporarse plenamente a la formalidad. Sin embargo, la realidad que muestran las cifras recientes indica que una parte importante de la población económicamente activa continúa desarrollando sus actividades fuera de los esquemas formales de empleo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, cerca de siete de cada diez trabajadores en la entidad laboran en condiciones de informalidad, es decir, sin acceso a seguridad social, sin prestaciones laborales y sin la estabilidad que otorga un empleo formal. Esta situación refleja un desafío estructural que no puede analizarse con ligereza. Cuando la economía formal no logra absorber la fuerza laboral disponible, miles de familias buscan sostener su ingreso en condiciones de precariedad. Por ello, resulta indispensable revisar las políticas públicas y los incentivos que permitan fortalecer a pequeños negocios, emprendedores y trabajadores independientes.
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