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Salvador García Soto | El llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone modificar la Constitución de la República para cambiar la forma en que se integran los Congresos estatales y los cabildos de los municipios del país, repite el mismo error que llevó al fracaso a la primera iniciativa de Reforma Electoral de la titular del Ejecutivo federal: la falta de diálogo y consenso con los que serán afectados por estas reformas constitucionales, en este caso las entidades federativas y los ayuntamientos mexicanos.
Con el mismo argumento con el que intentó vender su primera reforma, “la eliminación de privilegios y la disminución de recursos públicos”, la doctora Sheinbaum hoy intenta imponer su visión a las 32 entidades federativas, sin ningún tipo de consulta, opinión o al menos información previa, y sin considerar siquiera la soberanía que la Constitución les concede a los poderes locales dentro del sistema Federal en que se basa la República mexicana.
Decir que van a ahorrar recursos al reducir presupuestos y posiciones en los poderes estatales y municipales, parece, en la visión autoritaria y centralista de la Presidenta, que nació y se formó en la privilegiada y subsidiada Ciudad de México, un argumento suficiente para invadir, sin preguntarles, la soberanía de estados y municipios que, al menos en el texto de la Carta magna vigente desde 1917, se constituyen también por la decisión soberana del pueblo, exactamente igual que el poder federal que, si bien tiene facultades de coordinación y conducción republicana consagradas en la Constitución, también está obligado a respetar el sistema federalista sobre el que se fundó esta República.
Y es verdad que históricamente el presidencialismo mexicano, sobre todo en su etapa omnímoda del PRI, subyugó y asfixió a los estados y a los municipios, imponiéndoles todo siempre desde el centro y promoviendo un modelo de desarrollo desigual y disparejo dentro del modelo republicano. Porque mientras en el centro y el altiplano concentraban no sólo poder sino también recursos, inversiones y obras de infraestructura, al resto de la República se le dejó en muchos casos en el abandono o en la medianía de recursos.
Ese centralismo que prohijó el régimen priista y que hoy vuelve a tomar fuerza bajo el dominio de Morena y la 4T, provocó un crecimiento y desarrollo desigual e inequitativo y dio como resultado un país lleno de contrastes y desigualdades en el que, mientras en centro y sobre todo la capital, acaparaba el dinero público, al resto de los estados se les daban migajas con las que algunas regiones más productivas como el Bajío, el Occidente y el Norte pudieron impulsar su desarrollo, más por sus fuerzas locales y su productividad empresarial que por el apoyo federal, mientras que al sur-sureste sus enormes recursos naturales no le alcanzaron para crear infraestructura y desarrollo, también ante el abandono de la política centralista.
Hoy, en la enorme concentración de poder que tiene el régimen morenista y en el regreso del poder omnímodo de la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum vuelve a retomar el camino que inició su antecesor y admirado mentor, López Obrador. Porque el expresidente amenazó, persiguió y chantajeó a los gobernadores que intentaron desafiar su poder central con la creación de una Alianza Federalista, en el año 2020, que exigía revisar el sistema de coordinación fiscal y el reparto de los recursos federales, a los que castigó y premió según se sometieran a sus designios, pero además el tabasqueño (que curiosamente él sí venía de un estado como Tabasco que padeció el centralismo) se dedicó a desmantelar el federalismo con decisiones como quitarles sus sistemas estatales de salud a los estados para crear un fallido e inoperante IMSS-Bienestar.