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Xalapa, Ver., 27 de enero de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) informa que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha instruido dar seguimiento institucional a una denuncia presentada por propietarios de terrenos del municipio de Coatepec, relacionada con presuntos intentos de despojo y venta irregular de predios, hecho que los denunciantes vinculan con prácticas del llamado “cártel inmobiliario” en la región.

De acuerdo con la información presentada ante la presidencia de la República, los terrenos afectados se ubican en el camino antiguo a Zimpizahua, donde los legítimos propietarios señalan que se estaría intentando realizar operaciones de compraventa utilizando una escritura presuntamente fraudulenta de división de copropiedad. Los denunciantes solicitaron la intervención de la presidenta para frenar cualquier acto que vulnere su derecho de propiedad, señalando directamente a Jorge Luis Osorio López e Ismael Ruiz Mestizo como las personas que, según se dicen, no son dueños legítimos y estarían intentando comercializar dichos predios. El Partido del Trabajo confía en que las instancias correspondientes actuarán con apego a la ley, garantizando certeza jurídica a los propietarios.

En otro contexto; en el proceso local intermedio, el PT será muy cuidadoso en la selección de quienes aspiren a participar a algún cargo de elección popular por nuestro Partido, toda vez que, se ha hecho una práctica que oportunistas se acerquen a buscar candidaturas para luego de abrirles las puertas brincar a otro Partido; eso se llama ingratitud y traición. La política es una actividad que se construye sobre alianzas y respeto mutuo. Los cargos públicos son efímeros, la reputación perdura, por lo que muchos se dejan llevar por el aplauso burocrático del momento, circunstancial y muchas veces condicionado. Estos personajes que existen en todos los Partidos, se olvidan que en su momento el pueblo les cobrará la factura por su ingratitud y traición a través del rechazo a futuras aspiraciones.

Con respecto al incremento a las tarifas del transporte público en Xalapa; el PT reconoce que la actualización autorizada por la gobernadora Rocío Nahle García obedece a un rezago histórico frente al crecimiento del salario mínimo y a los costos reales de operación del servicio. Aunque hay que reconocer que esta determinación pudo haberse informado oportunamente a la población, así como aplicar el aumento de la tarifa en forma gradual. Por lo tanto, esta determinación exige una visión de equilibrio entre la viabilidad del sistema de transporte y la protección del interés social; por ello, el PT considera indispensable que el ajuste tarifario vaya acompañado de una supervisión rigurosa y permanente a las empresas concesionarias. La nueva tarifa debe reflejarse en un servicio seguro, digno y eficiente para las y los usuarios, con unidades en condiciones óptimas, mantenimiento mecánico adecuado y respeto a la capacidad del pasaje. El PT sostiene que la calidad del servicio debe elevarse en la misma proporción que el ajuste autorizado, siempre en beneficio de las familias xalapeñas y del orden urbano de la capital del estado.

Cabe mencionar que en el PT observamos con preocupación que, pese al tiempo transcurrido desde que se dieron a conocer las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y el presunto daño patrimonial por aproximadamente 30 mil millones de pesos, las denuncias correspondientes continúan sin ser judicializadas. La información presentada ante el Congreso del Estado confirma que las carpetas siguen en etapa de integración, lo que hace necesario imprimir mayor celeridad y firmeza institucional para evitar rezagos que debiliten la confianza ciudadana.
El PT considera indispensable que estos procesos avancen con claridad, apego a derecho y con el objetivo central de que los recursos públicos observados puedan ser recuperados. La lucha contra la corrupción no debe agotarse en el señalamiento, sino traducirse en acciones concretas y resultados oportunos en favor del patrimonio de las y los veracruzanos.

Asimismo; el Partido del Trabajo coincide en que el Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, atienda por la vía institucional las situaciones que se han presentado en algunos ayuntamientos con el propósito de preservar la estabilidad, la gobernabilidad y el adecuado funcionamiento de los gobiernos municipales. El llamado a que las autoridades locales expongan y aclaren su situación debe asumirse como un ejercicio de conducción política y responsabilidad pública, orientado a encauzar los procesos dentro de la legalidad y no como un espacio para la confrontación. El PT sostiene que las diferencias al interior de los cabildos deben resolverse mediante el diálogo, el respeto al marco informativo y la madurez política, privilegiando en todo momento el interés público. La función de toda autoridad municipal es garantizar resultados, dar certeza a la ciudadanía y honrar el mandato democrático que le fue conferido.

Por último; las investigaciones en torno a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) donde existe presunto daño patrimonial que podría ascender hasta 557 millones de pesos, correspondiente a los ejercicios fiscales 2024 y 2025, según las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, que no descarta la emisión de más órdenes de aprehensión contra otros posibles implicados. Este viernes se llevará a cabo las diligencias en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec. Entre los señalamientos figura el presunto manejo irregular de recursos a través de la Asociación Educación es Primero (AEP), por un adeudo estimado en 42 millones de pesos; sin embargo, las investigaciones apuntan a que el monto total del presunto desfalco podría elevarse hasta 557 millones de pesos.