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Xalapa, Veracruz, México
21/02/2026 | Quetzalli Hernandez/QUE Noticias | Una periodista veracruzana inscrita desde 2020 en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas promoverá un amparo ante la justicia federal, luego de que el Gobierno de Veracruz le retiró el acompañamiento permanente de elementos policiales que le fue asignado tras el asesinato de su madre y un atentado en su contra.

El retiro fue notificado mediante el oficio DGJ-188-26, fechado el 19 de febrero, firmado por la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), documento en el que se informa la determinación de dejar sin efecto la medida extraordinaria otorgada por el gobierno estatal.

La decisión fue comunicada por la dependencia que encabeza el vicealmirante Alfonso Reyes Garcés, durante la administración de la gobernadora Rocío Nahle, bajo el argumento de que no existe incumplimiento al acuerdo emitido por el mecanismo federal, sino únicamente el retiro de una medida complementaria que en su momento fue concedida por el estado.

En el año 2020, durante el gobierno de Cuitláhuac García, a la periodista le fue reforzado su esquema de seguridad otorgándole acompañamiento permanente de policías estatales.

Cabe recordar que, actualmente, uno de los presuntos responsables del homicidio de su madre continúa prófugo, situación que mantiene vigente el nivel de riesgo.

Pese a ello, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) se ha declarado sin injerencia, aun cuando la Coordinación Ejecutiva Nacional del mecanismo federal le solicitó brindar atención integral conforme a sus atribuciones legales.

Hasta el momento, la CEAPP, no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso de la periodista, aún  cuando el presidente del organismo Luis Ramírez Baqueiro y el secretario ejecutivo Tulio Moreno tienen conocimiento del hecho.

Ante este escenario, la periodista recurrirá este sábado al amparo federal para solicitar la restitución de la medida de protección y evitar que la reducción del esquema de seguridad la coloque en una situación de mayor vulnerabilidad.

El gobierno estatal podrá sostener que se trata solo del retiro de una medida “extraordinaria”, pero en los hechos la consecuencia es concreta: una periodista que ya fue víctima queda hoy menos protegida que ayer, en el estado con mayor historial de agresiones contra la prensa y cuando el riesgo sigue vigente y un presunto responsable permanece prófugo, reducir la seguridad es una decisión con implicaciones directas sobre la vida de una persona.