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Carlos A. Pérez Ricart | He sido un crítico feroz de la DEA.

No por convicción ideológica ni por consigna, sino por evidencia acumulada. Durante años estudié su operación en México: hablé con sus agentes, revisé archivos y reconstruí casos. De ese trabajo surgió incluso un libro (Cien años de espías y drogas, 2022).

Un hallazgo recorre toda la investigación: los éxitos de la DEA rara vez se traducen en una reducción sostenida de la violencia en México. Sus métricas no son las nuestras. Sus resultados, tampoco.

Esa constatación no pertenece sólo al pasado. Es también un punto de partida para leer el presente. De ahí que convenga observar con cautela cualquier reconfiguración de la relación entre la agencia y el gobierno de México.

Ahí algo parece empezar a moverse.

El pasado fin de semana, Omar García Harfuch viajó a Washington, se reunió con el director de la DEA y se fotografió con él en un gesto que ambas partes hicieron público.

En una relación marcada en el pasado sexenio por la distancia -y por momentos por la desconfianza abierta-, la imagen dice más que un simple comunicado. Marca un giro. Sugiere el cierre de un periodo de fricción y la apertura de otro tipo de entendimiento.

Tras el quiebre que siguió al caso Cienfuegos y los diferendos que tensaron el final del sexenio obradorista -incluidas las filtraciones al New York Times meses antes de la elección de 2024-, la agencia vuelve a ocupar un lugar preponderante en la relación bilateral.

El movimiento es comprensible, quizás inevitable. México enfrenta presiones crecientes y requiere acceso a inteligencia. Estados Unidos, por su parte, ha colocado al narcotráfico en el centro de su agenda. En ese marco, la reactivación de los canales de cooperación aparece como decisión pragmática.

Resulta pertinente, sin embargo, una mirada más detenida y la advertencia de sus consecuencias.

La DEA no es un socio técnico y neutral. Es una burocracia con intereses propios. Sus oficinas operan con amplios márgenes de autonomía, responden a incentivos locales y, en ocasiones, persiguen agendas que divergen entre sí -y frente a otras prioridades del propio gobierno estadounidense.

Esa estructura tiene implicaciones. Lo que desde su sede central se presenta como estrategia rara vez lo es en sentido estricto. Más bien, son intervenciones parciales: investigaciones paralelas, informantes cruzados, prioridades cambiantes. No hay una visión de conjunto, sino una acumulación de operaciones en medio del caos.

Esa lógica desordena. Mantiene en marcha una guerra que no busca terminar, sino prolongarse bajo la forma de intervención permanente. La DEA no está diseñada para cerrar ciclos, sino para prolongarlos. Sus éxitos se miden en detenciones, decomisos, casos abiertos; no en la estabilización de los territorios donde interviene.

En ese sentido, la DEA encarna una de las expresiones más crudas -y menos articuladas- de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina.

La historia deja poco margen para la duda. La cercanía con la agencia rara vez es políticamente inocua. Acercarse demasiado al sol tiene sus riesgos. Ahí es donde García Harfuch debe extremar cautelas.

Su perfil -policía de carrera con aspiraciones políticas- explica la apuesta por reactivar la cooperación. Pero también exige prudencia. No debe olvidar que la relación no ocurre entre iguales. Nunca ocurre entre iguales: Estados Unidos define prioridades; México administra márgenes.

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Durante años, el debate en México ha oscilado entre dos extremos: la apertura acrítica (2006-2012) y el repliegue soberanista (2018-2024). Ninguno resolvió el problema. El primero ignoró los efectos de la intervención externa. El segundo subestimó la naturaleza global del fenómeno criminal.

La foto en Washington sugiere un nuevo comienzo; falta ver bajo qué términos. Todo depende de sus condiciones: qué se comparte, qué se permite y bajo qué controles opera.

Hay, sin embargo, algo que no conviene perder de vista: para quien aspira a reducir los homicidios -y a sostener su ascendente carrera- la cercanía con la DEA rara vez paga.

La historia -y su panteón político- está llena de policías que apostaron por esa proximidad y terminaron atrapados en sus costos.

@perezricart