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Por Si Estaban Con El Pendiente
Quetzalli Carolina Vázquez | En el Congreso del Estado de Veracruz hay de todo, y no es metáfora ni exageración: en ese espacio conviven —según denuncias públicas— acosadores, operadores que reclutan mujeres y ahora un presunto agresor reincidente con perfil de feminicida, que presume estar protegido por el poder y tener influencias.

Del actuar de algunos empleados del Congreso de Veracruz ya se ha dado cuenta en esta columna; en diciembre pasado se expuso que existe un trabajador que recluta mujeres con la promesa de emplearlas en el Congreso, pero que en realidad las utiliza para fines poco claros, que podrían ir desde prostitución hasta trata de personas.

Ahora hay un nuevo caso, la diferencia es que, en este no se acosa ni se recluta sino que hay indicios de un presunto intento de feminicidio en reincidencia.

Esta es una historia de una vida en riesgo donde ya ha corrido sangre, hay miedo y unas niñas marcadas de por vida…

La primera agresión no ocurrió en la calle, ocurrió una noche, en casa, en noviembre de 2025, cuando las hijas de Juan M. A., —empleado del área de asesores de diputados del Congreso de Veracruz—, despertaron por ruidos en la azotea; no era un ladrón: era su padre, que bajaba las escaleras con un cuchillo en la mano preguntando por su madre.

Las niñas, en medio del miedo, intentaron detenerlo, hubo empujones, gritos, desesperación; las pequeñas lograron encerrarse, él entró y, cuando finalmente encontró a su expareja, se le fue encima con el arma blanca.

Ese episodio no terminó en feminicidio y, aunque la policía llegó y lo detuvo, “errores” en los informes de los elementos policiacos permitieron que un juez lo dejara en libertad.

Juan M. A., pese a haber sido detenido por tentativa de feminicidio, hoy sigue vinculado al aparato público. Sí, así es: un hombre señalado de intentar matar a su exesposa no solo logró salir bajo medidas cautelares, sino que —según los señalamientos— lo hizo cobijado por supuestas relaciones personales dentro del poder.

Y es que se sabe que él presume una supuesta cercanía con un asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la máxima autoridad del Poder Judicial en Veracruz, así como con líderes del PT en la entidad, lo que genera una percepción pública devastadora: la justicia en Veracruz puede doblarse si tienes los contactos correctos.

Apenas el 15 de marzo, la víctima volvió a ser atacada por el individuo en mención, esta vez la localizó por medio de un rastreador que colocó en su auto y, cuando la encontró, no solo ella fue agredida, sino también un colaborador que intentó defenderla.

El agresor, según el testimonio, actuó con violencia directa y con la intención clara de terminar lo que ya había intentado antes: quitarle la vida a la madre de sus hijas.

Con todo lo anterior, no hay castigo para Juan M. A., que en cualquier momento puede volver a atacar y, entonces surge la duda ¿qué más tiene que pasar para que el sistema reaccione? Porque la carpeta de investigación XAL/DX/F7/740/2026, que se encuentra en poder de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y que atiende la fiscal 7, Verónica Zavaleta, debería servir para sancionar a un presunto feminicida y evitar con ello que una mujer pierda la vida pero en Veracruz, ni siquiera una denuncia garantiza justicia.

En diciembre pasado, tras la publicación de la columna titulada “MUJERES RECLUTADAS DESDE EL CONGRESO PARA BENEFICIO DE PARTICULARES”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz, el morenista Esteban Bautista, reconoció la existencia de casos de acoso a mujeres en el Poder Legislativo y de denuncias penales que ya derivaron en la detención de un exempleado.

Sobre este tema, hace unos días el legislador aseguró que no se tolerarán conductas indebidas dentro del Congreso; entonces: ¿actuará el Poder Legislativo, lo hará la Fiscalía o esperarán a que haya una víctima más en la estadística de feminicidios?

Todo esto ocurre mientras el gobierno de Rocío Nahle presume avances con el programa “Veracruzana Protegida” y sostiene que 2025 fue el año con menor índice de feminicidios en una década, con 17 casos aunque registros independientes elevan la cifra hasta 42.

Pero Veracruz no necesita más discursos, sino decisiones porque mientras las instituciones protegen, las víctimas sobreviven como pueden; mientras los agresores encuentran respaldo, las mujeres viven con miedo; y mientras la política protege, la justicia se ausenta y la lista de mujeres asesinadas crece.

Hoy, en este caso, no se trata solo de una denuncia, se trata de dejar constancia, se trata de advertir, porque si algo le sucede a esta mujer, no será sorpresa, será consecuencia de un sistema que permitió, toleró y minimizó y entonces sí, todos dirán lo de siempre:
“Se pudo evitar”.
Pero será demasiado tarde.

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