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REPORTAJE ESPECIAL | Córdoba/Orizaba, Veracruz, México | 09/04/2026 | Quetzalli Carolina Vazquez | Eran las cuatro de la madrugada cuando tumbaron la puerta… no hubo orden judicial mostrada, no hubo explicación, solo gritos, armas y miedo.

“Pensé que me iban a matar”, recuerda Maribel.

Ese momento —violento, caótico e ilegal— quedó marcado como el inicio de una cadena de abusos que hoy están contenidos en una carpeta de investigación en la Fiscalía de Veracruz, en el expediente CEDH /3VG/DAV/0026/2026 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el expediente 61/2025 del juicio de amparo que no solo acusa a funcionarios, sino que exhibe una estructura institucional que, habría operado fuera de la ley.

El número 61/2025 es más que un registro judicial, es la ruta documentada de una detención sin orden, actos de tortura, violencia sexual, presunta fabricación de pruebas y el desacato a una orden de un juez federal.

La defensa, encabezada por el abogado Jesús Urbina Montero, junto con la activista Rebeca Gómez Maus, sostiene que no se trata de un caso aislado, sino de un patrón; casos como el de Maribel hay otros.

De acuerdo con el amparo, Maribel Sánchez Hernández fue detenida el 5 de febrero de 2025, en su domicilio en Rafael Delgado, cuando sujetos armados irrumpieron sin identificarse plenamente; su familia también fue víctima, fueron encañonados, hubo golpes, menores de edad quedaron expuestos, “Nos trataron como si fuéramos criminales peligrosos”, relataron familiares.

Pero lo peor vendría después; tras su traslado, Maribel fue ingresada a instalaciones de la Fiscalía en Orizaba, ahí —según su testimonio— comenzó la tortura, física y mental así como las amenazas.

En el expediente completo del caso Maribel, que incluye una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se documenta: golpes en distintas partes del cuerpo, descargas eléctricas, quemaduras en sus genitales, episodios de asfixia, pérdida del conocimiento y violación multitudinaria por parte de elementos de la propia Fiscalía General del Estado.

Las lesiones fueron certificadas posteriormente por instancias federales, sin embargo, existe un dato que rompe la lógica: el dictamen médico interno de la propia Fiscalía aseguró que no presentaba lesiones, el médico legista no vio lo que las autoridades federales sí vieron y así se dieron dos versiones y un mismo cuerpo.

El punto más delicado del caso no está en los golpes, está en lo que Maribel denunció después; “Me desnudaron… se burlaban… me tocaron… me violarios varios”.

Su testimonio señala: Violación sexual multitudinaria por varias vías, tocamientos forzados y actos sexuales bajo amenaza; todo dentro de instalaciones oficiales, todo bajo custodia del Estado, todo en un contexto donde ella no podía escapar.

«Se burlaban de mi y algunos me decían groserías y otros me dijo que si quedaba embarazada tendris que adivinar quien era el papá», relató Maribel en su declaración.

El expediente identifica directamente a funcionarios pertenecientes a la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XV en Orizaba, entre ellos a  Xóchitl Jazmín Straffon Santos, fiscal de distrito, a quien Maribel señala entre otras cosas, de haberla ordenado su abuso sexual y tortura; Luis Enrique Méndez García, fiscal segundo quien tras la denuncia forma fue movido de adscripción; Javier Ventura Jota, mando de Policía Ministerial, además de otros elementos ministeriales hombres y mujeres que fueron quienes la violaron y torturaron.

Mientras ocurrían los hechos, la defensa intentaba acceder a la víctima pero no lo consiguió, el amparo documenta que se negó el acceso por instrucciones de fiscales por lo que tuvieron que recurrir a una instancia federal que concedió una suspensión para frenar la incomunicación.

Pero ocurrió algo más: aún con el amparo concedido, la audiencia inicial se realizó, la orden judicial fue ignorada, Maribel fue enviada a prisión y todo parece indicar que por desacato de las autoridades estatales.

La construcción del caso penal también está bajo sospecha; Maribel denunció que le colocaron bolsas con presunta marihuana, que fue obligada a firmar documentos, fue amenazada con represalias contra su familia y de esa forma se concretó la posible fabricación de pruebas.

A pesar de que, según su defensa, el delito imputado no ameritaba prisión preventiva, Maribel permaneció cerca de siete meses recluida en el penal de Amatlán de los Reyes.

Hoy, Maribel enfrenta daño psicológico severo, secuelas físicas, falta de atención integral; el  sistema que debía protegerla, la dejó sola y la Fiscalía General de la República se negó a atender el caso y lo turnó a Veracruz para que la Fiscalía Estatal investigue aun cuando con ello se convierta en juez y parte.

El caso se encuentra abierto en varias instancias pero hay señales preocupantes: cambios de competencia, dilación en procesos, reportes de extravío de información; la  justicia avanza pero lento, —muy lento— dicen sus abogados.

En medio del proceso, una frase resume el conflicto: “¿Cómo voy a investigar a mis propios compañeros?” esa ha sido la respuesta de la fiscal que lleva el caso y ese es justamente el problema, porque cuando las instituciones investigan a las instituciones, la imparcialidad se vuelve frágil.

Maribel no es figura pública, no tiene poder político, no tiene influencia y justo por eso su caso importa, porque expone una pregunta incómoda: ¿Cuántos casos como este no llegan a un expediente?

Hasta el momento no hay sanciones firmes contra los señalados, no se ha informado de imputaciones por tortura o violación, no existe una reparación integral visible y la Fiscalía no ha transparentado avances concluyentes sobre las acusaciones.

Lo que está en el expediente 61/2025, no son  excesos individuales, es algo más grave: un sistema que detiene sin orden, que tortura para obtener confesiones, que viola bajo custodia y que después intenta sostenerlo legalmente.

Pero cuando eso ocurre, la justicia deja de ser justicia, se convierte en simulación y entonces, la pregunta ya no es qué pasó con Maribel, la pregunta es: ¿quién sigue?

En este caso no es solo Maribel la víctima, también lo está siendo Aldair Garnica, director del medio de comunicación Decisión Digital Noticias quien dió seguimiento puntual al caso de la joven violentada.

Aldair ha recibido amenazas, lo han vigilado, seguido y perseguido por un tema que tiene que ver con su labor periodistica y eso lo llevó unos meses a abandonar su lugar de residencia ante el temor de incluso perder la vida.

En el caso de Maribel hoy no hay responsables sancionados, ni reparación del daño y no hay una sola autoridad que dé la cara; lo que sí hay es un expediente que documenta tortura, violación y abuso de poder dentro de la propia Fiscalía.

Pero mientras la víctima sigue esperando justicia, el periodista que se atrevió a exhibir el caso ha sido amenazado y vigilado, por la propia Fiscalía como si el delito fuera contar la verdad. Porque en Veracruz, cuando el poder es señalado, la respuesta no es investigar… es intimida y, entonces, la pregunta ya no es qué pasó con Maribel o qué pasará con Aldair, la pregunta es ¿quién sigue?