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65 jueces y magistrados con casi tres décadas de carrera cada uno acaban de lograr algo que pocos consiguen: que la @CIDH, que recibe miles de quejas al año, priorice la suya y le exija respuesta al Estado mexicano en cuatro meses. Esto constituye una señal clarísima de que desde afuera ven lo que aquí nos quieren hacer creer que no existe.

El fondo del asunto es brutal: México bloqueó todos los mecanismos internos para cuestionar la reforma judicial, así que la vía interamericana no es un recurso más, es el único que quedó. Y la CIDH lo sabe. Por eso activó el principio de no regresividad: no puedes desmantelar un sistema judicial profesionalizado y sustituirlo por uno de elección popular sin violar los compromisos que México firmó en 1981 con el Pacto de San José.

Lo que viene puede ser histórico. Si la Comisión concluye que hay violaciones a la Convención Americana, el caso sube a la Corte IDH, y ahí las sentencias son vinculantes, no son recomendaciones, no son sugerencias diplomáticas. México tendría que reformar su reforma. El gobierno puede ignorarlo, claro. Pero el costo político y reputacional de hacerlo frente al Sistema Interamericano es otro nivel de problema.