Alejandro Montaño
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Con ocho votos a favor y tres en contra la Suprema Corte de Justicia de México determinó que sí existieron violaciones graves a los Derechos Humanos, durante la insurrección popular en San Salvador Atenco, México, el 3 y 4 de Mayo del 2006.
Sin embargo esta sentencia exculpa al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como al actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora y a los altos mandos policíacos federales y estatales de responsabilidad alguna por las violaciones a las garantías individuales de los afectados.
Toda vez que el Alto Tribunal de México dictaminó que «no puede atribuirse participación a las autoridades y funcionarios que se reunieron el 3 de mayo de 2006 y que autorizaron el uso de la fuerza pública, así como aquéllos que participaron en la reunión en la que diseñaron la estrategia para implementar el operativo policial».
El presidente de la Suprema Corte de México, Guillermo Ortiz Mayagoitia, estableció que «todo el trabajo institucional sobre las investigaciones en San Salvador Atenco(…) no tiene por objeto desalentar el uso de la fuerza pública, so pretexto de temores de quienes deban tomar esas decisiones».
Agregó además que la resolución sobre estos hechos: «debe llevar a mejorar las condiciones de seguridad y de convivencia, como corresponde en un Estado de derecho».
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