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Fue precisamente tras las declaraciones del secretario de Gobierno, quien dijo que en Veracruz no había secuestros, que se dio la muerte de los empresarios Samuel y Enrique Rodríguez en Poza Rica, y a partir de allí han sido cada vez más frecuentes en la etapa reciente.

Fueron su secretario de Gobierno, su procurador y el presidente de su partido, entre otros, quienes aseguraron que el 30 por ciento de los alcaldes del PRI han sido extorsionados.

Aún más, el gobernador pretende deslindarse de su responsabilidad como lo dijo el lunes, cuando aseguró «hay delitos que no corresponden a la gestión estatal o del gobernador».

Sin embargo, quien sabe de leyes, conoce que los secuestros y la extorsión son delitos del fuero común. Es decir, son crímenes que corresponde investigar a los entes de Procuración y Administración de Justicia del Estado.

Por otro lado, ¿acaso no fueron los alcaldes priístas Blanca Batalla de Álamo Temapache y Fidel Cruz de Banderilla, quienes acudieron a la Marcha iluminemos México para quejarse de que son extorsionados y que sus compañeros de partido en el gobierno no les hacen caso?

No. No es la oposición señor gobernador la que utiliza la inseguridad. No somos los partidos responsables con la entidad, los que creamos la psicosis. La psicosis la crean usted, sus propios colaboradores y sus compañeros de partido.

Si las cosas en materia de seguridad hoy no están bien, tampoco lo estuvieron antes cuando el procurador era Emeterio López Márquez y el titular de la SSP Juan Manuel Orozco Méndez. No fueron relevados por su eficacia, pues de haber sido así, habría sido un grave error de omisión del actual gobierno. Fueron destituidos por incapaces, como también ha ocurrido con cinco directores del área de reclusorios, porque allí es donde se anida gran parte del hampa.

El baño de sangre en Veracruz, así lo dice la gente en la calle, inició a finales de 2004 y no para.

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Felipe Amadeo Flores Espinosa, declaró en días pasados que en los últimos 20 meses Veracruz ha ejercido 824 millones de pesos en materia de seguridad pública.

Si como dicen él y la secretaría de Finanzas y Planeación, 2007 y 2008 son los años en que la inversión en seguridad es la mayor que tenido el estado, entonces algo está pasando porque el costo-beneficio entre lo invertido y la ola de delitos en el estado es abismal.

Se supondría que a mayor inversión, por cierto, bien aplicada, se debería generar mayor seguridad para la población. Sin embargo, parece que es todo lo contrario, que a mayor inversión, mayor inseguridad.

Quizá entonces el problema está en otro lado y tiene que ver con la incapacidad, ineficiencia y mediocridad de quienes están encargados de velar por la seguridad pública de los veracruzanos.

O, tal vez, quizá, esa inversión aunque se ha cargado a los rubros de seguridad, se ha desviado para otras áreas como son el excesivo gasto en propaganda y publicidad o para la operación electoral en las elecciones locales de 2007.

Así que ahora cuando se acercan las elecciones federales de 2009, vemos por qué tanta intranquilidad existe y la urgencia por aplicar mayores recursos aún de manera ilegal, como sucede con la reforma a la bursatilización.