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A pesar de que el gobierno estatal lo niegue, la entidad veracruzana hoy día, es uno de los cinco estados de la República Mexicana, en dónde los diferentes cárteles de la droga han incrementado su presencia y, por lo tanto, los cuerpos policíacos de estas entidades federativas se disputan los primeros lugares de corrupción. En primer lugar en corrupción policiaca, en cerrada carrera, van a la cabeza los estados fronterizos de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila, seguidos muy de cerca por Veracruz.

Esta alarmante revelación fue dada a conocer por el diputado federal Eduardo de la Torre Jaramillo, misma que por provenir de un legislador panista, podría ser desvirtuada e incluso descalificada por el gobierno priísta, cuyos integrantes fidelistas, seguramente dirán, como en otras ocasiones, que esto es totalmente falso y que el albiazul pretende desestabilizar la administración encabezada por Fidel Herrera Beltrán, empleando como bandera el estado de inseguridad que se ha apoderado de estas tierras.

Lo cierto es que tanto el estado de Veracruz, como otras entidades federativas, se han negado rotundamente a entregar a las fuerzas federales los expedientes de los policías que por alguna u otra razón, sostienen vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Así pues, de nada sirve que los gobiernos estatales, anuncien la puesta en marcha de diversos programas y acciones para combatir a los malosos y sumarse así a la lucha contra el narcotráfico emprendida por la Federación, si en la práctica, encubren los vicios de sus cuerpos policíacos.

La policía veracruzana, es de las peores pagadas del país, aquí, en estas tierras, un policía gana mensualmente entre tres mil 800 y 4 mil pesos mensuales, de los cuales, tienen que apartar una significativa cantidad para «pagar» a sus jefes las balas de sus pistolas y otras herramientas de trabajo que se supone les deberían ser entregadas sin costo alguno.

Esta situación, pone a los miembros de las diferentes corporaciones policíacas, como blanco fácil de la delincuencia organizada, quién conociendo esta realidad, por determinada cantidad de dinero, los copta para que los uniformados hagan como que no los ven.

Quiénes por honradez no le entren al juego y los desafíen, cumpliendo su deber, pagan muy caro su rectitud y osadía, ya que son cazados, levantados y desparecidos.

Los culpables de que la delincuencia organizada y el narcotráfico hayan infiltrado a las corporaciones policíacas, no son los policías, sino los gobiernos que por alguna extraña razón, se empecinan en mantener los míseros sueldos de los encargados de blindar y proteger a la ciudadanía.

Mientras esto no cambie, por más limpieza que se haga en las diferentes corporaciones policíacas, los malosos continuarán ganando las batallas y quién perderá en esta lucha del poder por el poder que se sostiene no sólo en Veracruz, sino en todo el territorio nacional, será la carne de cañón, es decir, la población.

Aquí, como en otras entidades, por más aberrante que parezca, el derecho de piso, es ya una terrible realidad, no sólo los alcaldes son extorsionados para no decomponerles la plaza, también a los empresarios, se les pide una cuota para «protegerlos» y dejarlos tranquilos.

Tan sólo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, la CANACO, ha reportado que poco más de 300 empresarios han sido impunemente extorsionados por miembros de la delincuencia organizada.

Veracruz, está caliente, de eso no cabe la menor duda. La ciudadanía ya está cansada, quiere que retorne la paz y la tranquilidad que anteriormente se respiraba, si las cosas siguen como van y el estado de seguridad no es reinstaurado, los procesos electorales venideros, podrían tener resultados inesperados y poco gratos para los amantes de la Fidelidad.

PS: Por lo visto, el PAN veracruzano no aprende de sus errores, en estos tiempos tan revueltos, el presidente estatal albiazul, Enrique Cambranis Torres, en lugar de respaldar al alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz, debería de mantenerse al margen y exigir que este asunto se investigue a fondo y que se proceda conforme a derecho si con base a las investigaciones se determina que el edil, al igual que sus policías municipales, facilitó la operación de la banda de secuestradores del empresario Juan Carlos Mata.

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