¿A quién quiere dejar fuera Sheinbaum en 2030?

Mario Maldonado | La reforma contra la doble nacionalidad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum obligará a quienes aspiren a la Presidencia en 2030 a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse. Las elecciones de 2027 quedarán fuera del nuevo requisito, que comenzará a aplicarse a los procesos de 2028. El calendario y las restricciones abren una pregunta sobre sus posibles destinatarios políticos.

El Senado la aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra y la envió a los congresos locales. La reforma alcanzará también a quienes busquen una gubernatura o la Jefatura de Gobierno. La justificación de la Presidenta —autora e impulsora de la iniciativa— es garantizar su lealtad a México. Lo que sigue sin explicarse es por qué conservar otra nacionalidad representa un riesgo que desaparece al renunciar a ella, ni por qué ese criterio no se aplica a quienes elaboran las leyes del país.

Por si fuera poco, la reforma —y la contradicción— afecta a varios morenistas. Cecilia Guadiana, senadora de Morena, reconoció su doble nacionalidad. Luis Fernando Salazar admitió tener la española y se dijo dispuesto a renunciar. La diputada morenista Nadia Sepúlveda se ha identificado como naturalizada estadounidense. Sus escaños quedan a salvo porque el oficialismo confía en ellos para legislar, pero les exigirá renunciar a otra nacionalidad si quieren encabezar un gobierno.

En Nayarit, Jasmine Bugarín, del Verde, fue seleccionada como coordinadora y al dirigente de Morena, Ariadna Montiel, anunció su compromiso de completar los trámites para conservar únicamente la nacionalidad mexicana. La elección que busca disputar es en 2027 y queda fuera del nuevo requisito. Su promesa se entiende mejor como una señal de alineamiento que como una obligación derivada de esta reforma.

El expanista convertido a morenista, Javier Corral, está en las mismas. En 2024, el Tribunal Electoral confirmó su candidatura al Senado después de revisar su doble nacionalidad y la renuncia acreditada ante autoridades mexicanas. Eso no equivalió, por sí mismo, a perder la ciudadanía estadounidense. La eficacia de una renuncia depende también de leyes extranjeras, porque una declaración en México no necesariamente resuelve el vínculo jurídico con otro país.

Otro botón de muestra. Karina Ruiz, senadora de Morena, pidió licencia y fue sustituida. Según reportes periodísticos, tenía dificultades con su permiso de viaje y salir de Estados Unidos podía comprometer su regreso. Su caso muestra las condiciones en las que viven muchos mexicanos a quienes el oficialismo busca representar, sujetos a trámites y decisiones de ambos gobiernos.

La preocupación también llegó al sector privado. Un documento que circuló entre empresarios vinculados con cámaras estadounidenses y compañías con operaciones en ese país advierte que la reforma envía una señal de desconfianza a los mexicanos binacionales. “No podemos pedir inclusión afuera y discriminar adentro”, señala. El argumento toca una contradicción de fondo. México defiende los derechos de sus migrantes en Estados Unidos mientras condiciona aquí su acceso a los mayores cargos ejecutivos.

Sheinbaum conoce los beneficios de la relación entre ambos países. Entre 1991 y 1994 fue investigadora en el Laboratorio Lawrence Berkeley. Su hija, Mariana Imaz, también obtuvo un doctorado en la Universidad de California, Santa Cruz. Como ellas, muchísimos políticos, empresarios y estudiantes mexicanos han vivido y se han formado en Estados Unidos. Esas experiencias no acreditan otra nacionalidad ni implican haberla buscado. Tampoco tendrían por qué entrar en una discusión sobre lealtades. La pregunta es por qué conservar otra nacionalidad sí las pone en duda.

Por eso importa revisar los posibles destinatarios. El magnate Ricardo Salinas Pliego reconoció tener doble nacionalidad y se presentó como uno de ellos. En el debate legislativo también apareció el exaspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard.